El nuevo incremento de la tarifa eléctrica decretado por el Gobierno el pasado 31 de enero supone un nuevo mazazo para la estabilidad económica de cientos de pozos de riego en la Comunitat Valenciana, hasta el punto de situar a muchos de ellos en una situación límite que compromete seriamente su futuro, de acuerdo con el análisis efectuado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja). En este sentido, hay que tener en cuenta que esta nueva subida, que oscila entre un 2,6% y un 2,7%, se suma al desmesurado incremento del término de potencia para entidades de riego -nada menos que de un 125%- impuesto por el Ejecutivo central el pasado 1 de agosto.
