Industria presiona a Endesa para que salga del negocio del gas en Canarias

Industria presiona a Endesa para que salga del negocio del gas en Canarias
La guerra abierta entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la eléctrica Endesa pone en peligro las inversiones para garantizar el futuro del suministro eléctrico en el Archipiélago. El Gobierno central ha ordenado a la operadora que en el plazo de tres meses venda su parte en las regasificadoras de Gran Canaria y Tenerife y salga antes de final de año de la central hidroeléctrica de Chira-Soria.
 
En virtud de la ley que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en octubre de 2013 para aumentar la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, Endesa debe traspasar su parte del negocio del gas a la empresa estatal Enagás –gestor y principal transportista del sistema gasista en España– y a Red Eléctrica (REE) el salto de agua de Gran Canaria.
 
El jueves expiró el plazo para que Enagás y Gascan ( entidad de la que Endesa posee un 47,18% y la empresa pública canaria Sodecan, un 10,8%) llegaran a un acuerdo para que la primera asuma el 100% de las acciones. A la falta de entendimiento ha contribuido, de una parte, que en seis meses solo se ha puesto sobre la mesa de negociación una propuesta sobre el valor de las participaciones –2,7 millones pese a que un año antes ofreció siete millones de euros– y, de otro lado, que Industria no ha fijado aún la retribución que recibirá la gestora por hacerse cargo de las dos regasificadoras, la que se construirá en el puerto de Granadilla y la que está pendiente de ubicación en Gran Canaria si se desecha la propuesta del puerto de Arinaga.
 
Ahora será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que deba designar un árbitro entre Enagás y Gascan para alcanzar un justiprecio. De no conseguirse el acuerdo, en tres meses el designado dictará un laudo de obligado cumplimiento por ambas partes.
 
El subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, aseguró ayer el objetivo del Gobierno es tanto el negocio de la regasificadora como el de la central hidroeléctrica "se lleven a cabo lo antes posible y en las mejores condiciones". Para ello, en lo que respecta al gas, aseguró que en los próximos meses se fijarán las retribuciones. "Queremos que este asunto quede cerrado antes del verano y, desde luego, se tendrá en cuenta los factores de la lejanía y de territorio fragmentado igual que se ha hecho con las primas a las energías renovables", subrayó.
 
Unas retribuciones, en cualquier caso, estarán muy marcadas por el compromiso de estabilidad presupuestaria establecido con Bruselas tras el rescate a la banca.
 
La negociación respecto a la central de Chira-Soria tiene visos que seguirá el mismo camino que las regasificadoras. En seis meses REE y Endesa deberán fijar una cuantía. De no hacerse así, la decisión quedará también en manos de la Competencia.
 
En un comunicado emitido ayer, el Ministerio anuncia que se fuerza a la negociación después de que la eléctrica haya renunciado de facto a la ejecución del proyecto. Endesa ha incumplido, según la nota, la disposición adicional segunda de la ley de octubre pasado que le obliga a presentar en el plazo de tres meses una propuesta de calendario para la construcción de la instalación y a constituir un aval con el que se garantice la obra.
 
La eléctrica desmiente categóricamente al Ministerio. Sostiene que la normativa posterior al concurso para la construcción de la central –de junio de 2011–, introduce sustanciales variaciones respecto al proyecto inicial. De ahí que se haya dirigido a la Dirección General de Política Energética y Minas a fin de que se les aclare las incertidumbres que la ley le ha creado. De momento, se subraya desde la eléctrica, no ha habido respuesta.
 
Desconoce aún cuál será la retribución definitiva de la central ya que la que en marzo de 2012 sólo se establecieron unos parámetros provisionales; cómo le afectará el nuevo impuesto a la generación establecido en el 7%. De incumplir el calendario y el aval la ley establece que se les retirarán las retribuciones pero ¿cuáles?: ¿el establecido para el proyecto, el de la generación en Gran Canaria?, ¿afectará a las de toda Canarias o también a de los sistemas extrapeninsulares de Ceuta y Melilla?
 
La eléctrica avisa que defenderá con todos los medios a su alcance los intereses de sus accionistas y de la empresa, único generador en Canarias pese a que el mercado está liberalizado desde 1997. Una defensa que tiene visos de acabar en los tribunales y con ello el bloqueo de las inversiones.
 
 

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