160.000 usuarios, entre ellos muchos ayuntamientos e instituciones públicas, podrían quedarse sin luz en Enero de 2011 al poseer una potencia contratada que les impide acceder a la Tarifa de Último Recurso, y no haber realizado todavía un contrato de suministro en el mercado libre, según ha informado Efe mediante los datos recabados de las principales comercializadoras eléctricas.
Estos usuarios, desde Enero de 2010, están siendo penalizados con hasta un 20% de recargo sobre su tarifa eléctrica, por el cual habrían pagado hasta 88 millones de euros “de más”.
Aunque las empresas eléctricas tienen derecho a rescindir el contrato a quienes no hayan realizado el cambio al mercado libre, no podrán cortar el suministro eléctrico a servicios esenciales, tales como instalaciones militares, hospitales, estaciones de suministro de agua potable, cárceles, transportes públicos, etc…
El problema que radica detrás de todo esto es que las compañías eléctricas no quieren ofrecer contratos a determinados clientes que han sido “marcados” como morosos en el pasado. Y lo grave, sin duda, de estos hechos es que muchas instituciones públicas han estado pagando de más a las eléctricas, obviamente con el dinero público, por no “hacer los deberes” a tiempo, y ahora se arriesgan a quedarse sin suministro.
Hola soy Luz, una luciérnaga que con mis antenas busco y selecciono, especialmente para ti, las tarifas eléctricas
más económicas del mercado.
Siguiendo mi luz, miles de hogares y negocios ya están ahorrando hasta un 15% del gasto de electricidad.
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